- El gobierno chino recurre a presiones extremas para obligar a los tibetanos a abandonar sus aldeas, habitadas desde hace generaciones.
- Los funcionarios chinos, mediante información engañosa, sostienen que la reubicación mejorará las oportunidades de empleo y elevará los ingresos de los residentes.
- Es imperativo que el gobierno chino suspenda las reubicaciones en el Tíbet y se adhiera a las leyes y normativas nacionales, así como al derecho internacional respecto a las reubicaciones y desalojos forzosos.
(Taipéi) – Funcionarios del gobierno chino están aplicando formas extremas de presión de manera sistemática para forzar a los habitantes de áreas rurales del Tíbet a abandonar sus aldeas ancestrales, según un informe publicado hoy por Human Rights Watch. Desde 2016, las autoridades de la Región Autónoma del Tíbet han trasladado o están en proceso de trasladar a más de 140.000 residentes de 500 aldeas a nuevos emplazamientos, a menudo ubicados a cientos de kilómetros de distancia.
El informe de 71 páginas, “‘Educate the Masses to Change Their Minds’: China’s Coercive Relocation of Rural Tibetans” (“’Educar a las masas para que cambien de opinión’: La reubicación forzada de los tibetanos rurales en China”), expone cómo la implementación de los programas de “traslado de aldeas completas” en Tíbet, donde se reubican comunidades enteras, constituye un desalojo forzoso que contraviene el derecho internacional. Las autoridades presentan engañosamente estas reubicaciones como una medida para “mejorar las condiciones de vida de la población” y “proteger el entorno ecológico”. Además, el gobierno impide que las personas desplazadas regresen a sus antiguos hogares, exigiéndoles por lo general que los destruyan dentro del año siguiente a su traslado.
“El gobierno chino alega que la reubicación de los pueblos tibetanos es voluntaria, sin embargo, los informes de los medios de comunicación oficiales contradicen esta afirmación”, destacó Maya Wang, directora interina para China de Human Rights Watch. “Estos informes ponen en evidencia que cuando se reubica a toda una comunidad, es prácticamente imposible que los residentes se nieguen a mudarse sin enfrentar graves repercusiones”.
El informe se basa en más de 1.000 artículos de medios oficiales chinos publicados entre 2016 y 2023. Incluye tres estudios de caso, complementados con videos, que detallan las tácticas y argumentos empleados por los funcionarios chinos para obtener el “consentimiento” de los residentes para la reubicación de sus aldeas.
La política del Gobierno chino en el Tíbet establece que todas las familias de las aldeas seleccionadas deben consentir la reubicación. Human Rights Watch ha documentado múltiples casos de reticencia inicial entre los tibetanos cuyas comunidades estaban programadas para ser trasladadas. Por ejemplo, de las 262 familias de una aldea en el municipio de Nagchu, 200 no querían inicialmente mudarse a un lugar situado a casi 1.000 kilómetros de distancia. Sin embargo, el gobierno afirmó que, al final, todas accedieron a trasladarse voluntariamente.
Los funcionarios chinos atribuyen su éxito en obtener el consentimiento unánime a las “campañas publicitarias” y al “trabajo ideológico puerta a puerta” que llevan a cabo, lo que a menudo implica visitas intrusivas a los hogares. En algunos casos, funcionarios de alto rango realizan visitas repetidas a las familias en sus hogares para conseguir su “consentimiento”. Además, advierten a los residentes que los servicios esenciales se interrumpirán en sus hogares actuales si se niegan a mudarse.
Los funcionarios chinos amenazan abiertamente a los aldeanos que manifiestan su desacuerdo con los traslados, acusándolos de “difundir rumores” y ordenando a otros funcionarios que repriman dichas acciones de manera “rápida y decisiva”, lo que puede incluir sanciones administrativas y penales. Además, exigen que cada aldea seleccionada alcance un consenso unánime y no permiten que ningún residente se excluya de esa decisión, ejerciendo así una presión grupal adicional sobre todos los residentes para que se conformen.
Además de los programas que trasladan aldeas completas, los funcionarios en el Tíbet también llevan a cabo una modalidad conocida como “reubicación de hogares individuales”. Normalmente, se selecciona a las familias más pobres para que sean reubicadas a lugares que se consideran más favorables para la generación de ingresos. Entre 2016 y 2020, bajo este programa, el gobierno reubicó a 567.000 personas en áreas tibetanas de China.
Aunque los seleccionados para este programa tenían la opción de no participar, los informes de medios oficiales sugieren que los funcionarios aseguraban de manera sistemática que la reubicación ofrecería mejores oportunidades laborales y un aumento en los ingresos. Sin embargo, estudios realizados en el Tíbet por investigadores asociados al gobierno chino indican que la mayoría de los reubicados, al ser trasladados a zonas periurbanas donde no pueden hacer uso de sus habilidades agrícolas o ganaderas, se encuentran con dificultades para conseguir empleo estable.
Aunque este tipo de reubicaciones masivas también se ha llevado a cabo en otras zonas rurales pobres de China, estas campañas podrían tener un impacto devastador en las comunidades tibetanas, según Human Rights Watch. Estas acciones se suman a los esfuerzos actuales del gobierno chino por asimilar la escolarización, la cultura y la religión tibetanas a las normas de la “nación china”. La reubicación de comunidades rurales erosiona o daña gravemente la cultura y el modo de vida tibetanos, especialmente porque la mayoría de los programas de reubicación en el Tíbet trasladan a agricultores y pastores a zonas donde no pueden continuar con su tradicional medio de vida y se ven obligados a buscar trabajo como obreros en industrias no agrícolas.
“Las reubicaciones masivas de aldeas rurales tibetanas están erosionando gravemente la cultura y el modo de vida tibetanos”, afirmó Wang. “El gobierno chino debería suspender las reubicaciones en el Tíbet hasta que se pueda realizar una revisión independiente y experta de las políticas y prácticas actuales, para determinar si están conformidad con la legislación y las normas chinas, así como con el derecho internacional en materia de reubicaciones y desalojos forzosos”.
