Reportes

El informe de 65 páginas, “‘Like Patchwork’: Ecuador’s Slow Progress Tackling and Preventing School-Related Sexual Violence” (“‘Como poniendo parches’: Ecuador progresa lentamente al combatir y prevenir la violencia sexual en las instituciones educativas”), revela importantes deficiencias en la respuesta del Estado para prevenir y combatir los abusos en el sistema educativo ecuatoriano. Muchas instituciones educativas aún no denuncian los abusos ni implementan completamente los protocolos establecidos. Las instituciones judiciales no investigan ni procesan adecuadamente los delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes, lo que dificulta que las y los sobrevivientes obtengan justicia.

El informe de 120 páginas, titulado “Abandonados en la selva: Protección y asistencia para migrantes y solicitantes de asilo en el Tapón del Darién”, es el segundo en una serie de informes de Human Rights Watch sobre migración a través del Tapón del Darién. Human Rights Watch identificó deficiencias específicas en los esfuerzos para proteger y asistir a estas personas—incluyendo a quienes corren mayores riesgos, como los niños, niñas y adolescentes no acompañados—así como para investigar abusos cometidos en su contra.

El informe de 39 páginas, “In Harm’s Way: How Michigan’s Forced Parental Consent for Abortion Law Hurts Young People” (“En peligro: Cómo perjudica a las personas jóvenes la ley de Michigan que obliga a los padres a dar su consentimiento para el aborto”), examina el impacto de una ley de Michigan que exige que las personas de menos de 18 años que pretenden someterse a un aborto tengan el consentimiento escrito de alguno de sus padres o su tutor legal u obtengan la aprobación de un juez a través de un proceso conocido como “excepción judicial (judicial bypass)”.

El informe de 63 páginas, “‘Solo quiero contribuir a la sociedad’: La necesidad del reconocimiento legal de la identidad de género en Tabasco, México”, documenta las desventajas socioeconómicas generalizadas que sufren las personas trans debido a la falta de correspondencia entre su identidad de género y sus documentos de identidad. La falta de documentos precisos, a menudo en combinación con prejuicios antitrans, ha provocado discriminación, acoso y violencia para las personas trans.

Para demostrar un enfoque alternativo eficaz, Human Rights Watch se asoció con Gerstein Crisis Centre, un centro comunitario de respuesta a crisis de salud mental en Toronto que brinda servicios basados en el consentimiento, no médicos, informados sobre el trauma y con un enfoque en la reducción de daños. El estudio de caso de 50 páginas, Apoyo comunitario y respetuoso con los derechos a las crisis de salud mental, presenta un marco convincente y replicable para un enfoque integral de la respuesta a las crisis de salud mental que respalde la autonomía de la persona en crisis.

El informe de 58 páginas, “‘Este infierno era mi única opción’: Abusos contra migrantes y solicitantes de asilo en el Tapón del Darién” es el primero de una serie de informes de Human Rights Watch sobre la migración a través del Tapón del Darién. Human Rights Watch obtuvo evidencias de que las restricciones al movimiento desde países sudamericanos hacia México y Centroamérica, a menudo promovidas por Estados Unidos, han contribuido a aumentar el número de personas que cruzan el Tapón del Darién, lo cual los expone a abusos, incluyendo violencia sexual, y fortalece el crimen organizado.

El informe de 98 páginas, “‘Viviendo una pesadilla’: Haití necesita una respuesta urgente y basada en los derechos humanos ante la escalada de la crisis”, documenta abusos cometidos por grupos criminales y la inacción del Estado en cuatro comunas del área metropolitana de Puerto Príncipe—Cabaret, Cité Soleil, Croix-des-Bouquets y Puerto Príncipe—entre enero y abril de 2023. En Haití, el Estado está prácticamente ausente, reina la impunidad y casi la mitad de la población padece inseguridad alimentaria aguda. Human Rights Watch también analizó las crisis humanitaria, política y judicial, así como los abusos cometidos durante intervenciones internacionales pasadas y el perdurable legado de la esclavitud, la explotación y los abusos cometidos en el pasado por potencias coloniales.

El informe de 52 páginas, “‘El mar se está comiendo la tierra debajo de nuestras casas: Ante el hacinamiento y la subida del nivel del mar, una comunidad indígena planea su reubicación”, documenta por qué la comunidad de Gardi Sugdub decidió reubicarse y cómo los retrasos del gobierno y el apoyo incompleto a la reubicación han paralizado el traslado y dejado a la comunidad en el limbo. (En este enlace puede leer el resumen y nuestras recomendaciones. El informe completo se dará a conocer en los próximos días.) Human Rights Watch constató que, si bien algunos aspectos del apoyo del gobierno panameño y del Banco Interamericano de Desarrollo a la comunidad han sido ejemplares, se necesitan medidas urgentes para garantizar el respeto por los derechos de los miembros de la comunidad en la reubicación.

El informe de 117 páginas, “Deterioro letal. Abusos por las fuerzas de seguridad y crisis democrática en el Perú”, documenta el uso excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad, violaciones del debido proceso, abusos contra detenidos y deficiencias en las investigaciones penales, así como una arraigada crisis política y social que erosiona el Estado de derecho y los derechos humanos en el Perú. Aunque algunos manifestantes fueron responsables de actos de violencia, las fuerzas de seguridad respondieron con una fuerza desproporcionada, incluyendo con fusiles de asalto y armas cortas. Cuarenta y nueve manifestantes y transeúntes, entre ellos ocho niños menores de 18 años, murieron durante las protestas.

El informe de 99 páginas, “‘Podemos detener a quien queramos’: Violaciones generalizadas de derechos humanos durante el ‘régimen de excepción’ en El Salvador”, documenta detenciones arbitrarias masivas, torturas y otras formas de maltrato contra personas detenidas, desapariciones forzadas, muertes bajo custodia y procesos penales abusivos. El desmantelamiento de la independencia judicial realizado por el presidente Nayib Bukele desde que asumió la presidencia a mediados de 2019 facilitó estas violaciones de derechos humanos.