El presidente Andrés Manuel López Obrador, electo en 2018, no ha abordado los índices desorbitantes de homicidios, desapariciones y crímenes perpetrados por carteles. Ha ampliado significativamente el papel de las fuerzas militares en la vida pública, incluyendo por medio del despliegue de 150.000 soldados para llevar a cabo tareas de seguridad pública. También ha hecho esfuerzos sin precedentes para detener la migración irregular y ha movilizado a casi 30.000 soldados por todo el país para impedir que lleguen migrantes a Estados Unidos. En algunos casos, esto ha generado enfrentamientos violentos en los que soldados han herido o matado a migrantes. Policías, fiscales, militares y grupos delictivos cometen violaciones de derechos humanos graves y generalizadas con regularidad, incluyendo detenciones arbitrarias, torturas, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, abusos contra migrantes y ataques a periodistas y defensores de derechos humanos. Estos delitos rara vez son investigados o penalizados.

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