- Las autoridades y proveedores de salud del estado de México, el más poblado del país, no garantizan el acceso al aborto, incluso en los casos comprendidos bajo las causales establecidas en la legislación local.
- Los obstáculos a la atención del aborto legal dificultan que las personas obtengan los servicios a los que tienen derecho, sobre todo para las personas que viven en situación de pobreza, las adolescentes y las personas con discapacidad.
- El estado de debe despenalizar de manera total el aborto. Las instituciones de salud deben intensificar esfuerzos para asegurar que todas las personas tengan acceso a servicios de aborto sin discriminación.
(Ciudad de México) – Las autoridades y proveedores de salud del estado de México, el más poblado del país, actualmente no garantizan el acceso al aborto, incluso en los casos comprendidos bajo las causales establecidas en la legislación estatal, señaló Human Rights Watch en un informe presentado hoy. A pesar de los avances conseguidos a nivel nacional en el reconocimiento del acceso al aborto como derecho constitucional y humano, el estado de México continúa criminalizando el aborto, con excepciones únicamente en casos de acción culposa, cuando el embarazo es el resultado de violación, cuando existe riesgo para la vida de la mujer embarazada, o cuando el producto presenta “alteraciones congénitas o genéticas.”
El informe de 49 páginas, “Navegando obstáculos: Acceso al Aborto en el Estado de México,” concluyó que las leyes sobre aborto no garantizan el acceso a este servicio de salud esencial en el estado, incluso en los casos permitidos por la legislación actual. Los obstáculos para el acceso incluyen proveedores de atención de la salud que niegan o postergan servicios, no transmiten información necesaria, cuestionan la veracidad de las declaraciones de las sobrevivientes de violencia sexual, maltratan a las mujeres e imponen requisitos arbitrarios que contradicen las leyes y reglamentaciones vigentes.
“Las mujeres, niñas, adolescentes y personas gestantes que buscan abortar en el estado de México continúan enfrentando obstáculos significativos de acceso, incluso en los casos comprendidos bajo las causales establecidas en la ley,” indicó Cristina Quijano Carrasco, investigadora sobre los derechos de la mujer de Human Rights Watch. “Despenalizar totalmente el aborto es un paso fundamental para lograr la equidad de género en el estado de México.”
La falta de acceso al aborto en el estado empuja a un número considerable de personas a viajar a la Ciudad de México, donde los servicios de aborto están disponibles sin restricción hasta las doce semanas de embarazo, poniendo de relieve las amplias diferencias en la protección de los derechos reproductivos en los distintos estados de México. En un contexto de índices alarmantes de violencia de género en el estado, incluyendo femicidios y violencia sexual, las restricciones al acceso al aborto agravan la discriminación contra mujeres y niñas.
Human Rights Watch entrevistó a 66 personas profesionales de la salud, funcionarias gubernamentales, representantes de organizaciones de la sociedad civil y otras expertas. Human Rights Watch concluyó que, detrás de los obstáculos significativos para acceder al aborto legal en el estado de México, existen prejuicios y estereotipos de género. El personal médico, de enfermería y psicología de varios hospitales entrevistados, manifestó haber observado maltrato a usuarias, incluyendo cuestionamientos a los motivos que tenían para buscar servicios de aborto y comentarios estigmatizantes como “una buena madre no hace estas cosas”. Es común que las personas que experimentan maltrato se retiren sin recibir la atención que necesitan.
Algunos hospitales y proveedores de salud restringen incluso más el acceso al imponer requisitos arbitrarios que contradicen las leyes y regulaciones existentes. Por ejemplo, ciertos proveedores exigen que las personas sobrevivientes de violencia sexual denuncien sus casos a las autoridades antes de acceder a servicios de aborto, a pesar de que la legislación estatal no requiere realizar tal denuncia.
El temor a la criminalización también disuade al personal de salud de prestar servicios de aborto y a las personas de buscar dichos servicios. La existencia del delito de aborto provoca que las mujeres, niñas, adolescentes y personas gestantes teman buscar información sobre cómo interrumpir legalmente su embarazo cuando lo necesitan. El miedo a enfrentar cargos penales también puede provocar que las mujeres no busquen ayuda médica cuando la necesitan, concluyó Human Rights Watch.
La falta de profesionales disponibles para la atención del aborto debido a la escasez de personal y la objeción de conciencia también provoca demoras en la atención del aborto en situaciones en las que el tiempo es un factor crucial, contraviniendo así las normas internacionales de derechos humanos. Human Rights Watch documentó situaciones en las que el personal médico objetor de conciencia se negó a brindar información sobre cómo obtener dichos servicios, lo cual contrasta con lo dispuesto en el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) con respecto a la objeción de conciencia.
Human Rights Watch identificó que las adolescentes que buscan atención de aborto enfrentan obstáculos adicionales. Aunque la NOM 046 no exige autorización parental para adolescentes que tengan al menos 12 años, algunos proveedores requieren de manera arbitraria la participación de su padre, madre o tutor hasta los 18 años.
Las mujeres, niñas, adolescentes y personas gestantes con discapacidad en el estado de México enfrentan obstáculos adicionales debido a la existencia de la interdicción, que permite que una tercera persona tome decisiones por las personas bajo este sistema, incluso en lo relativo a su salud.
En 2023, el Congreso de la Unión aprobó el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares que reconoce la plena capacidad jurídica de toda persona mayor de 18 años, incluyendo a las personas con discapacidad. A pesar de ello, la legislatura del estado todavía no ha reformado su Código Civil, y mantiene la interdicción, que permite designar a una tercera persona para tomar decisiones en su nombre. Esto podría privar a las personas con discapacidad de su derecho a tomar decisiones sobre su salud reproductiva, incluyendo el acceso a servicios de aborto.
Desde 2007, 72.336 mujeres, niñas, adolescentes y personas gestantes que viven en el estado de México han accedido a servicios de aborto en la Ciudad de México. Sin embargo, forzar a quienes residen en el Estado de México a viajar a la Ciudad de México para obtener estos servicios impone una carga desproporcionada para personas con discapacidad, que viven condiciones de pobreza, que tienen responsabilidades de cuidado, adolescentes y otras personas que enfrentan dificultades para trasladarse.
“El estado de México debe sumarse a los otros 16 estados del país que han despenalizado el aborto en su totalidad y han tomado la iniciativa en la protección de los derechos de las mujeres”, apuntó Quijano Carrasco. “Las instituciones de salud, tanto estatales como federales, deben intensificar sus esfuerzos para asegurar que todas las personas tengan acceso a servicios de aborto sin discriminación.”
