- Grupos armados liderados por Hamás cometieron numerosos crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad contra civiles durante el asalto del 7 de octubre en el sur de Israel.
- Combatientes palestinos realizaron ejecuciones sumarias, tomaron rehenes y cometieron otros crímenes de guerra, así como crímenes de lesa humanidad, incluyendo asesinatos y privación ilegítima de la libertad.
- Los gobiernos con influencia sobre los grupos armados palestinos deben presionar para la liberación inmediata de todos los rehenes civiles.
(Jerusalén) – El ala militar de Hamás – las Brigadas al-Qassam – y al menos otros cuatro grupos armados palestinos cometieron numerosos crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad contra civiles durante el asalto del 7 de octubre de 2023 en el sur de Israel, según un informe publicado hoy por Human Rights Watch. Los gobiernos con influencia sobre estos grupos armados deben presionar para la liberación urgente de los rehenes civiles – un crimen de guerra en curso – y para que los responsables sean llevados ante la justicia.
El informe de 236 páginas, “‘I Can’t Erase All the Blood from My Mind’: Palestinian Armed Groups’ October 7 Assault on Israel,” (“‘No puedo borrar de mi mente toda la sangre’: el asalto del 7 de octubre de los grupos armados palestinos a Israel”), documenta varios casos de violaciones graves del derecho internacional humanitario por parte de grupos armados palestinos en casi todos los sitios donde se produjeron ataque a civiles el 7 de octubre. Estos incluyen los crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad de asesinato, toma de rehenes y otros delitos graves. Human Rights Watch también examinó el papel de varios grupos armados y su coordinación antes y durante los ataques. Informes previos de Human Rights Watch han abordado numerosas violaciones graves por parte de las fuerzas israelíes en Gaza desde el 7 de octubre.
“La investigación de Human Rights Watch concluyó que el asalto liderado por Hamás el 7 de octubre fue diseñado para matar a civiles y tomar como rehenes a la mayor cantidad de personas posible”, dijo Ida Sawyer, directora de crisis y conflictos de Human Rights Watch. “Las atrocidades del 7 de octubre deberían motivar un llamado global a la acción para poner fin a todos los abusos contra civiles en Israel y Palestina”.
Entre octubre de 2023 y junio de 2024, Human Rights Watch entrevistó a 144 personas, incluidas 94 nacionales israelíes y otros que presenciaron el asalto del 7 de octubre, familiares de víctimas, personal de emergencia y expertos médicos. Los investigadores también verificaron y analizaron más de 280 fotografías y videos tomados durante el asalto y publicados en redes sociales o compartidos directamente con Human Rights Watch.
La mañana del 7 de octubre, los grupos armados palestinos liderados por Hamás llevaron a cabo numerosos ataques coordinados, algunos contra comunidades residenciales civiles, eventos sociales y bases militares israelíes en el área del sur de Israel, que limita con la Franja de Gaza. Los grupos armados atacaron al menos 19 kibutzim y 5 moshavim (comunidades cooperativas), las ciudades de Sderot y Ofakim, 2 festivales de música y una fiesta en la playa. Los combates duraron gran parte del día y en algunos casos más tiempo.
En muchos sitios de ataque, los combatientes palestinos dispararon directamente a los civiles, a menudo a corta distancia, mientras intentaban huir, y a personas que conducían por la zona. Los atacantes lanzaron granadas, dispararon a refugios y dispararon granadas propulsadas por cohetes a casas. Incendiaron viviendas, quemando y asfixiando a las personas, y obligaron a otros a salir, a quienes luego dispararon o capturaron. Tomaron a decenas de rehenes y ejecutaron sumariamente a otros.
Nirit Hunwald, una enfermera del Kibutz Be’eri, donde 97 civiles fueron asesinados, describió cómo arrastró a un miembro del equipo de respuesta rápida que había sido herido de bala hasta la clínica dental del kibutz para tratar sus heridas: “Había un rastro de sangre. No puedo borrar de mi mente toda la sangre”.
Agence France-Presse cruzó numerosas fuentes de datos para determinar que 815 de las 1.195 personas asesinadas el 7 de octubre eran civiles. Los grupos armados tomaron como rehenes a 251 civiles y personal de las fuerzas de seguridad israelíes y los llevaron a Gaza. Hasta el 1 de julio, 116 permanecían en Gaza, incluidos los cuerpos de al menos 42 que habían sido asesinados, según AFP. Los cuerpos de otros 35 muertos fueron devueltos a Israel.
Las Brigadas Izz al-Din al-Qassam, el ala armada de Hamás, el movimiento palestino que ha gobernado la Franja de Gaza ocupada por Israel desde 2007, lideraron el asalto. Human Rights Watch confirmó la participación de otros cuatro grupos armados palestinos basándose en las bandas en la cabeza que los combatientes llevaban para indicar su afiliación y en sus declaraciones de responsabilidad publicadas en sus canales de Telegram en redes sociales.
Los grupos armados cometieron numerosas violaciones de las leyes de la guerra que constituyen crímenes de guerra, incluidos ataques contra civiles y objetivos civiles; el asesinato deliberado de personas bajo custodia; trato cruel y otros tratos inhumanos; crímenes que implican violencia sexual y de género; toma de rehenes; mutilación y despojo de cuerpos; uso de escudos humanos; y saqueo y pillaje.
El ataque generalizado fue dirigido contra una población civil. Matar a civiles y tomar rehenes fueron objetivos centrales del ataque planificado, no una ocurrencia posterior, un plan que salió mal o actos aislados. Human Rights Watch concluyó que el asesinato planeado de civiles y la toma de rehenes fueron crímenes de lesa humanidad.
Es necesaria una investigación adicional sobre otros posibles crímenes de lesa humanidad, dijo Human Rights Watch, incluidos la persecución contra cualquier grupo identificable por motivos raciales, nacionales, étnicos o religiosos; la violación u otra violencia sexual de gravedad comparable; y la exterminación, si hubo un asesinato masivo calculado para provocar la “destrucción” de parte de una población. Estos constituirían crímenes de lesa humanidad si los crímenes fueran parte del ataque contra una población civil, bajo una política organizativa para cometer tal ataque.
Las autoridades de Hamás respondieron a preguntas de Human Rights Watch, afirmando que sus fuerzas recibieron instrucciones de no atacar a civiles y de respetar los derechos humanos internacionales y el derecho humanitario. En muchos casos, las investigaciones de Human Rights Watch encontraron evidencia de lo contrario.
Relatos de sobrevivientes junto con fotografías y videos verificados muestran a combatientes palestinos buscando civiles y matándolos en los sitios de ataque desde el momento en que comenzó el asalto, lo que indica que el asesinato intencional y la toma de rehenes de civiles fueron planeados y altamente coordinados.
A los pocos días de los ataques, las autoridades israelíes cortaron los servicios esenciales a la población de Gaza y bloquearon la entrada de todo menos un goteo de combustible y ayuda humanitaria, lo que equivale a un castigo colectivo – que es un crimen de guerra – exacerbando el impacto del cierre ilegal de más de 17 años de Gaza por parte de Israel y sus crímenes de apartheid y persecución contra los palestinos.
Inmediatamente después de los ataques en el sur de Israel, las fuerzas israelíes comenzaron un intensobombardeo aéreo y luego una incursión terrestre, que aún continúan. Más de 37.900 palestinos, en su mayoría civiles, fueron asesinados entre el 7 de octubre y el 1 de julio, según el Ministerio de Salud de Gaza. Las fuerzas israelíes han reducido grandes partes de Gaza a escombros y han dejado a la gran mayoría de la población de Gaza desplazada y en peligro.
Todas las partes en el conflicto armado en Gaza e Israel deben cumplir plenamente con el derecho internacional humanitario. Los grupos armados palestinos en Gaza deben liberar inmediata e incondicionalmente a los civiles retenidos como rehenes. Deben tomar medidas disciplinarias apropiadas contra los miembros responsables de crímenes de guerra y deben entregarse para su enjuiciamiento a cualquier persona que enfrente una orden de arresto de la Corte Penal Internacional (CPI).
“Las atrocidades no justifican otras atrocidades”, dijo Sawyer. “Para acabar con el ciclo interminable de abusos en Israel y Palestina, es crucial abordar las causas profundas y exigir que los autores de graves crímenes rindan cuentas. Esto responde a los intereses tanto de los palestinos como de los israelíes”.