- Los Ángeles criminaliza sistemáticamente a las personas sin hogar mediante arrestos y citaciones por infracciones relacionadas con su situación, además de destruir sus pertenencias durante operativos de saneamiento.
- Esta criminalización expulsa a las personas sin hogar de los espacios públicos, pero no resuelve su problema de vivienda.
- El gobierno de la ciudad debería detener estas prácticas y destinar recursos a preservar y proporcionar viviendas asequibles para todos, así como servicios para las personas más necesitadas.
El informe de 337 páginas, titulado: “‘You Have to Move!’ The Cruel and Ineffective Criminalization of Unhoused People in Los Angeles” (“‘¡Tienes que mudarte!’ La cruel e ineficaz criminalización de las personas sin hogar en Los Ángeles”), documenta las experiencias de personas que viven en las calles, en vehículos, refugios temporales y parques de Los Ángeles, luchando por sobrevivir mientras enfrentan la criminalización y el fracaso gubernamental para priorizar la prevención de desalojos o el acceso a viviendas permanentes. Las fuerzas del orden y los operativos de saneamiento expulsan a las personas sin hogar de la vista pública, a menudo desperdiciando recursos en refugios temporales y castigos que no abordan las necesidades esenciales. Decenas de miles de personas viven en las calles de Los Ángeles y las tasas de mortalidad entre las personas sin hogar se han disparado.
“Que la Corte Suprema permita una estrategia cruel e ineficaz no significa que Los Ángeles deba utilizarla”, dijo John Raphling, director asociado del programa de EE.UU. de Human Rights Watch. “La manera comprobada de acabar con la falta de vivienda no es arrestando a las personas y tirando sus pertenencias, sino manteniéndolas en sus hogares y desarrollando y preservando más viviendas permanentes y asequibles”.
Desde agosto de 2021 hasta mayo de 2024, Human Rights Watch investigó la situación de las personas sin hogar en Los Ángeles, incluyendo el historial de las políticas y prácticas de vivienda, entrevistando a unos 150 expertos, de los cuales más de 100 tienen experiencia personal de vivir sin hogar, y analizando datos del Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD), el Departamento de Saneamiento y otras agencias gubernamentales relevantes.
Los residentes sin hogar relataron ser multados y arrestados por delitos relacionados con su pobreza, incluyendo violaciones del Código Municipal de Los Ángeles sección 41.18, que prohíbe sentarse o acostarse en lugares públicos designados, y la sección 56.11, que prohíbe mantener pertenencias personales en lugares públicos. Las personas describieron ser llevadas a la cárcel y recibir multas superiores a sus ingresos mensuales.
Los datos de la LAPD revelaron que casi todas las infracciones de bajo nivel, como beber en público, tirar basura y cruzar la calle imprudentemente, se centran en las personas sin hogar. Desde 2016 hasta 2022, casi el 40 por ciento de todos los arrestos y citaciones en la ciudad, incluyendo delitos graves, delitos menores e infracciones, fueron de personas sin hogar, que constituyen menos del 1 por ciento de la población de la ciudad.
Casi todas las personas sin hogar entrevistadas describieron cómo, durante los operativos del Departamento de Saneamiento, sus pertenencias eran removidas y destruidas, casi siempre con la policía amenazando con arrestar a quienes se opusieran. Estas pertenencias incluían artículos que les proporcionan comodidad y protección contra los elementos, como tiendas de campaña, sillas, ropa de cama y ropa; identificación, medicamentos, documentos judiciales, dinero en efectivo y otros elementos esenciales para la supervivencia. También perdían fotos familiares, cartas, reliquias e incluso los restos de seres queridos. Human Rights Watch fue testigo de la brutalidad de los operativos y describió su impacto.
Aunque los refugios y la vivienda temporal, incluyendo estancias en hoteles, pueden proporcionar un alivio bienvenido de las incomodidades de la calle, no han ofrecido una solución confiable hacia la vivienda permanente, concluyó Human Rights Watch. Las condiciones en los refugios varían desde apenas cómodas hasta completamente inhabitables. Estos lugares limitan la independencia y a menudo imponen reglas degradantes, como toques de queda, registros y prohibiciones de visitas, que muchos comparan con estar en la cárcel. Un gran porcentaje de personas abandona la vivienda temporal por frustración o cuando termina su estancia limitada, tras lo cual regresan a las calles.
Los responsables de políticas municipales han utilizado le escasez de viviendas temporales como justificación para la criminalización y los operativos, desviando las acusaciones de crueldad al afirmar que están colocando a las personas en “viviendas”. Los operativos han trasladado a las personas de campamentos de alto perfil a hoteles y refugios, mientras obligan a quienes se encuentran en lugares menos visibles a simplemente mudarse a nuevas áreas en las calles. La participación de la Autoridad de Servicios para Personas Sin Hogar de Los Ángeles en estos operativos contradice sus propios valores y mejores prácticas, dañando su capacidad para generar la confianza necesaria para ayudar a las personas, dijo Human Rights Watch.
La alcaldesa Karen Bass ha subrayado la importancia de abordar la falta de vivienda y ha tratado de destinar más recursos a este desafío. Sin embargo, su programa insignia, Inside Safe, que desmantela campamentos y traslada a sus residentes a habitaciones de hotel, es insosteniblemente costoso, cuenta con servicios de apoyo inconsistentes e inadecuados, y está obstaculizado por la falta de viviendas permanentes a las que las personas puedan trasladarse. Además, con un máximo de 1.500 habitaciones disponibles, Inside Safe carece de capacidad para atender, incluso temporalmente, a las más de 35.000 personas que viven sin refugio en las calles de Los Ángeles.
Human Rights Watch encontró que las políticas y prácticas racistas, tanto históricas como actuales, han empeorado dramáticamente la falta de vivienda entre las personas negras en Los Ángeles. Esto incluye convenios restrictivos, discriminación sistémica en el ámbito de la vivienda, zonificación de viviendas unifamiliares, vigilancia policial y desfinanciación de escuelas y atención médica. Aunque las personas negras constituyen menos del 8 por ciento de la población de la ciudad, constituyen más de un tercio de todas las personas que carecen de vivienda.
La falta de vivienda es parte de una crisis sistémica en el país, dijo Human Rights Watch. Los Ángeles encabeza la lista en Estados Unidos de personas que destinan una proporción excesivamente alta de sus ingresos a la vivienda, a veces incluso en hacinamiento. Los estudios indican una escasez de 500.000 unidades de vivienda asequible en la ciudad. Estas condiciones ponen a un gran porcentaje de la población de Los Ángeles en riesgo inminente de perder sus hogares y enfrentar la criminalización en las calles.
Aunque cada individuo tiene sus propias circunstancias que lo llevaron a vivir en las calles, es la escasez general de vivienda asequible, en el contexto de una economía de mercado orientada al desarrollo de viviendas caras y el fracaso del gobierno para garantizar el acceso a vivienda permanente para todos, lo que causa la falta de vivienda masiva.
El derecho internacional de los derechos humanos establece que todas las personas tienen derecho a una vivienda, incluyendo hogares habitables, seguros y accesibles, entre otras cualidades que los diferencian de los refugios. Human Rights Watch encontró que los gobiernos de EE.UU. en todos los niveles han fallado en destinar recursos adecuados para garantizar este derecho. Los expertos entrevistados coinciden casi invariablemente en que la solución es construir, mantener y conservar viviendas permanentes. Human Rights Watch destacó programas de vivienda exitosos en su informe y las experiencias positivas de personas que han obtenido un hogar después de haber vivido en las calles.
“La criminalización puede empujar a las personas sin hogar a las sombras y fuera de la vista, pero solo empeora la situación”, dijo Raphling. “Sabemos que la única forma de acabar con la falta de vivienda es logrando que las personas tengan un hogar o manteniéndolas en sus viviendas. Necesitamos dejar de perjudicar a estas personas y centrarnos en proporcionarles vivienda”.
