- Miles de personas son deportadas cada año por delitos vinculados con drogas que, en muchos casos, ya no existen conforme a las leyes estatales, lo que perjudica y separa a familias inmigrantes.
- Las leyes federales punitivas sobre inmigración separan a familias, desestabilizan comunidades y aterrorizan a quienes no son ciudadanos estadounidenses, todo ello, en un contexto en el que las muertes por sobredosis han aumentado y las drogas se han vuelto más potentes y disponibles.
- El Congreso debería reformar la ley de inmigración a fin de que los jueces inmigratorios tengan discrecionalidad para tomar decisiones individualizadas. Los Estados deberían asegurar que las reformas en materia de drogas también se apliquen a quienes no son ciudadanos estadounidenses.
(Washington D.C., 15 de julio de 2024) – Miles de personas en Estados Unidos están siendo deportadas cada año por delitos vinculados con drogas que, en muchos casos, ya no existen conforme a las leyes estatales, y dañan y separan así a familias inmigrantes, señalaron hoy Human Rights Watch y Drug Policy Alliance.
El informe de 91 páginas, “Perturbar y denigrar (Disrupt and Vilify)”, muestra que no reformar las leyes federales sobre inmigración desproporcionadamente severas ha provocado que haya un número inmenso de deportaciones, y ha dividido a familias, perturbado a comunidades y desestabilizado a personas que ya estaban asentadas en EE. UU. Por ejemplo, la ley federal de inmigración que considera algunos tipos de consumo de marihuana como un delito que constituye causal de deportación contraviene lo establecido en las leyes sobre uso recreativo de la marihuana que existen en muchos estados, y penaliza a inmigrantes y ciudadanos extranjeros por actividades que sí son lícitas para los ciudadanos a nivel estatal. Las organizaciones concluyeron que entre 2002 y 2020 se deportó a 500.000 personas cuyo delito más grave estuvo relacionado con drogas.
“En EE. UU. se da una combinación única de guerra contra las drogas y maquinaria de deportación que trabajan codo a codo para perseguir, excluir y castigar a quienes no tienen ciudadanía estadounidense por delitos menores—o, en algunos estados, por actividades lícitas— como la posesión de marihuana”, apuntó Maritza Pérez Medina, directora de asuntos federales de Drug Policy Alliance (DPA). “Este informe pone de manifiesto que las leyes federales punitivas sobre drogas separan a familias, desestabilizan a comunidades y aterrorizan a quienes no son ciudadanos de EE. UU., todo ello en un contexto en el que las muertes por sobredosis han aumentado y las drogas se han vuelto más potentes y disponibles. Es fundamental que el gobierno de EE. UU. revise la legislación federal para equipararla con las actuales reformas en las políticas sobre drogas que han implementado algunos estados para prevenir y terminar el padecimiento humano inmenso que se inflige en nombre de la guerra contra las drogas”.
Human Rights Watch y Drug Policy Alliance entrevistaron a 42 personas afectadas por deportaciones, entre ellas inmigrantes, familias y abogados. Las organizaciones también analizaron nuevos datos del gobierno federal sobre el período comprendido entre 2002 y 2020 y concluyeron que se deportó a 500.000 personas cuyo delito más grave estuvo relacionado con drogas. Un informe anterior de Human Rights Watch mostró que, entre 2002 y 2012, se deportó a 260.000 personas por delitos relacionados con drogas. Este informe actualiza esa cifra y agrega 240.000 más personas deportadas entre 2013 y 2020, lo que equivale aproximadamente a una de cada cinco deportaciones de inmigrantes con una condena penal durante este período.
Las cifras de sobredosis han aumentado en forma drástica, incluso cuando EE. UU. ha realizado cantidades masivas de deportaciones durante este período, lo que muestra la ineficacia de tales políticas y de enfoques que denigran a inmigrantes en relación con las drogas.
Las condenas impuestas incluso por los delitos más leves relacionados con drogas, por ejemplo, poseer una pequeña cantidad de una sustancia controlada, incluida la marihuana, conllevan consecuencias devastadoras que superan con creces a la pena impuesta. Las organizaciones concluyeron que, entre 2002 y 2020, el gobierno federal deportó al menos a 156.000 personas cuyo delito más grave consistió en el uso o la posesión de drogas, incluidas más de 47.000 personas por el uso o la posesión de marihuana, a pesar de que esta última ha sido legalizada o despenalizada en la mayoría de los estados. A menudo, los ilícitos que dieron lugar a la deportación se cometieron décadas antes, o fueron de tan poca gravedad que no se aplicaron penas de prisión o estas fueron ínfimas. Algunos de estos hechos no serían delitos si se cometieran hoy.
“¿Por qué se deporta a padres o abuelos alejándolos de los niños y niñas que están a su cuidado por delitos relacionados con drogas que se cometieron hace décadas, incluidos delitos que hoy día serían hechos lícitos?”, manifestó Viki Gaubeca, directora adjunta para EE. UU. de políticas sobre inmigración y frontera en Human Rights Watch. “Si la conducta relacionada con drogas no constituye un delito conforme a la ley estatal, no debería hacer que una persona sea deportable”.
El informe se enfoca en las deportaciones realizadas en estados donde hay grandes poblaciones de inmigrantes que han impulsado reformas relativas a políticas de drogas, como California, Illinois, Nueva York y Texas, e incluye casos de:
- Personas refugiadas y veteranos de las fuerzas militares estadounidenses que fueron separados de sus hogares y familias al ser deportados por delitos relacionados con drogas
- Inmigrantes que han vivido en Estados Unidos desde la infancia, pero fueron deportados por delitos relacionados con drogas, y a veces por delitos vinculados con marihuana que. hoy en día serían actos lícitos en sus estados.
- Mujeres inmigrantes que fueron abusadas sexualmente por funcionarios penitenciarios durante su encarcelamiento por delitos relacionados con drogas, en parte porque los agresores sabían que pronto serían deportadas.
- Inmigrantes deportados por delitos relacionados con drogas a países donde existían condiciones peligrosas para los derechos humanos, incluido un hombre que fue retornado a Haití.
Muchas de las personas entrevistadas enfrentaron la deportación automática debido a que la ley de inmigración define sus ilícitos como “delitos agravados de tráfico de drogas”, lo que las excluye de casi todas las formas de beneficios inmigratorios; esto incluye a varias personas que recibieron condenas por delitos de baja gravedad. En estos casos, no se permite al juez considerar factores individuales, como evidencias de vínculos familiares en EE. UU., rehabilitación, servicio militar y otros factores, y en cambio el magistrado debe disponer la deportación. Algunos de los entrevistados tienen residencia legal permanente pero no han podido convertirse en ciudadanos porque estuvieron implicados en conductas relacionadas con drogas, incluidas conductas que son legales en sus estados, como trabajar en la industria de la marihuana.
“No puedo vivir ni actuar sin temor porque no soy ciudadano”, explicó una persona con residencia legal permanente en California, que fue condenada por posesión de marihuana y parafernalia. “He vivido aquí más de 20 años. Esta es mi casa. Tengo hijos aquí. Quiero tener la ciudadanía, y estoy haciendo todo lo que está en mis manos para lograrlo. Pero parecería que no va a ser posible”.
Existen disparidades raciales considerables en la imposición de sanciones inmigratorias. En general, la mayoría de las personas deportadas de Estados Unidos por delitos penales son personas negras y morenas. Incluso dentro de la categoría de personas sin ciudadanía estadounidense, los inmigrantes negros se ven afectados de manera desproporcionada. Más de uno de cada cinco ciudadanos extranjeros que se enfrentan a deportación por causas penales ante los tribunales de inmigración de EE. UU. son personas negras. Es más probable que los inmigrantes negros permanezcan en detención inmigratoria por más tiempo y es menos probable que se les conceda la liberación.
A medida que la crisis de sobredosis y la reforma migratoria ocupan un lugar cada vez más central en debates y campañas políticas, Drug Policy Alliance y Human Rights Watch enfatizan la necesidad de que los funcionarios electos demuestren liderazgo tomando en cuenta las investigaciones y adoptando políticas basadas en evidencias en materia de salud pública, seguridad y derechos humanos.
“La deportación desintegra a familias, y hay evidencias claras de que a pesar de que EE. UU. deportó a 2.400 personas por mes por algún delito relacionado con drogas, las muertes por sobredosis han aumentado”, apuntó Pérez Medina. “Nuestros legisladores deben asegurarse de que las reformas en las políticas sobre drogas prioricen las políticas de salud pública para abordar la crisis de sobredosis y el consumo problemático de drogas. La exclusión y denigración de nuestros vecinos inmigrantes es inhumana y no resuelve los problemas que preocupan a nuestras comunidades”.
El Congreso de EE. UU. debería reformar la ley sobre inmigración para asegurar que los inmigrantes con condenas penales, incluidos delitos vinculados con drogas no queden sujetos a una modalidad “única e invariable” de deportaciones. En cambio, los jueces de inmigración deberían tener discrecionalidad para tomar decisiones individualizadas. Como primer paso importante, el Congreso debe imponer un plazo de prescripción a las deportaciones, a fin de que las personas puedan evolucionar y dejar atrás viejas infracciones y seguir adelante con sus vidas.
Lo estados, por su parte, deberían asegurarse de que las reformas orientadas a rebajar las sanciones penales para delitos vinculados con drogas y facilitar el tratamiento y los servicios de salud para quienes consumen sustancias estén diseñadas de modo tal que también puedan beneficiarse de ellas personas que no tienen ciudadanía estadounidense.
“La administración actual y otros gobiernos anteriores han reconocido el impacto desproporcionado que tienen las políticas sobre drogas excesivamente punitivas en las comunidades negras y latinas”, explicó Gaubeca. “Sin embargo, a través de sus políticas de inmigración, el Congreso y el poder ejecutivo están perpetuando estos daños y devastando a muchas de estas mismas comunidades”.
