- A pesar del compromiso de las instituciones gubernamentales, la violencia sexual sigue siendo endémica en las instituciones educativas de Ecuador y muchas víctimas no encuentran justicia.
- En la última década, se han denunciado 6.438 casos de violencia sexual por parte de docentes, autoridades escolares, otro personal escolar, conserjes y otros estudiantes, afectando a 7.303 niñas, niños, y adolescentes.
- El gobierno debe asignar recursos adecuados a los esfuerzos de prevención y garantizar que las instituciones judiciales investiguen y procesen eficazmente todos los casos de violencia sexual en el ámbito educativo.
(Nueva York) – Las medidas del gobierno ecuatoriano para abordar la violencia sexual en las escuelas no han progresado a la escala y la celeridad necesarias para garantizar la seguridad de todos los niños, niñas y adolescentes, señaló Human Rights Watch en un informe publicado hoy. A pesar de los compromisos y las medidas tomadas por las instituciones gubernamentales, la violencia sexual sigue siendo endémica en las instituciones educativas de Ecuador y muchas víctimas no encuentran justicia.
El informe de 65 páginas, “‘Like Patchwork’: Ecuador’s Slow Progress Tackling and Preventing School-Related Sexual Violence” (“‘Como poniendo parches’: Ecuador progresa lentamente al combatir y prevenir la violencia sexual en las instituciones educativas”), revela importantes deficiencias en la respuesta del Estado para prevenir y combatir los abusos en el sistema educativo ecuatoriano. Muchas instituciones educativas aún no denuncian los abusos ni implementan completamente los protocolos establecidos. Las instituciones judiciales no investigan ni procesan adecuadamente los delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes, lo que dificulta que las y los sobrevivientes obtengan justicia.
“En un contexto de creciente inseguridad, cientos de niñas, niños, y adolescentes en Ecuador siguen enfrentando violencia sexual en las escuelas”, afirmó Katherine La Puente, coordinadora de la división de derechos del niño de Human Rights Watch. “Las medidas de respuesta y prevención del gobierno ecuatoriano no están a la altura de la urgencia y magnitud del problema, y es imperativo que cumplan su compromiso de tolerancia cero contra la violencia sexual en las escuelas”.
Human Rights Watch llevó a cabo 68 entrevistas con representantes de organizaciones de la sociedad civil, abogados, activistas, expertas, defensores de los derechos de la niñez y funcionarios gubernamentales en Ecuador. Además, revisó y analizó datos sobre denuncias, investigaciones y enjuiciamientos por violencia sexual proporcionados por el Ministerio de Educación, la Fiscalía General del Estado y el Consejo de la Judicatura.
La violencia sexual y de género es un problema extendido y persistente en las instituciones educativas de Ecuador. En la última década, se han denunciado 6.438 casos de violencia sexual perpetrados por docentes, autoridades escolares, otro personal escolar, conserjes y otros estudiantes, afectando a 7.303 niños, niñas y adolescentes. Solo entre enero de 2020 y junio de 2024, los datos del Ministerio de Educación revelan 2.827 casos. Además, entre enero de 2014 y junio de 2024, los conductores de transporte escolar fueron denunciados como agresores en 78 casos, elevando la cifra total a 6.516. Los obstáculos para denunciar y el interés en proteger la reputación de las instituciones educativas por encima del bienestar de los niños, niñas y adolescentes, resultan en un significativo subregistro de denuncias.
El incremento de la inseguridad y la violencia en los últimos años, junto con el aprendizaje en línea debido al cierre de escuelas por la pandemia u otras emergencias, han dificultado la capacidad de las instituciones gubernamentales para detectar y responder a los casos de violencia sexual. Grupos defensores de los derechos de la niñez en Ecuador y expertos de la ONU han alertado sobre el impacto negativo de estos niveles de violencia en los niños, niñas y adolescentes y en sus derechos.
En junio de 2020, la Corte Interamericana de Derechos Humanos falló en contra de Ecuador en el caso Paola Guzmán Albarracín vs. Ecuador, el primer caso del tribunal sobre violencia sexual en el ámbito educativo. La Corte ordenó al gobierno tomar medidas específicas para prevenir, abordar y erradicar la violencia sexual en las instituciones educativas. Estas medidas incluyen la mejora de la detección y denuncia de los casos, la formación del personal educativo en abordaje y prevención, y la provisión de orientación, asistencia y atención a las víctimas y sus familiares, además de la actualización periódica de la información estadística.
Desde 2020, Ecuador ha tomado medidas significativas para combatir la violencia sexual en las instituciones educativas y acelerar la justicia para las víctimas. La Política Pública para erradicar la violencia sexual en el ámbito educativo, que abarca acciones hasta 2030, coordina la respuesta del gobierno en prevención, atención, generación de información y acceso de las víctimas a la justicia y la reparación integral.
En octubre de 2023, el Ministerio de Educación emitió la Estrategia Nacional de Educación Integral en Sexualidad (ENEIS), también hasta 2030, que exige su aplicación en todas las instituciones educativas del país. El Estado también ha emprendido otros esfuerzos interministeriales para erradicar la violencia sexual en las instituciones educativas. Aun con estas importantes medidas, persisten importantes lagunas en la respuesta del Estado y en su cumplimiento de las órdenes de la Corte Interamericana, señaló Human Rights Watch.
A pesar de los protocolos que exigen al personal escolar denunciar los casos de violencia sexual, muchos de estos casos no se reportan. Human Rights Watch encontró que el personal no siempre conoce o sigue los protocolos obligatorios del Ministerio de Educación; que pueden priorizar el prestigio y la reputación de la institución educativa sobre la necesidad de proteger a las y los estudiantes, reducir los abusos y responsabilizar a los agresores; y que hay una significativa escasez de personal de los departamentos de consejería estudiantil (DECE), incluidos psicólogos y orientadores educativos. Es probable que los recortes presupuestarios a las iniciativas para responder a la violencia sexual en el ámbito educativo hayan limitado su efectividad.
Aunque el Estado ecuatoriano ha realizado avances importantes en el lanzamiento de su estrategia y currículo, las autoridades educativas a menudo enfrentan oposición y resistencia a las metodologías y herramientas desarrolladas para enseñar la educación integral en sexualidad (EIS). Algunos docentes y padres se han opuesto al aprendizaje del material y la enseñanza de temas como la prevención del embarazo adolescente. En ocasiones, los y las docentes y las instituciones educativas omiten discusiones sobre género, orientación sexual e identidad de género, a pesar de que estos son conceptos clave para entender la salud sexual y reproductiva y para prevenir la violencia sexual.
Human Rights Watch también encontró serias preocupaciones sobre el sistema judicial de Ecuador, incluyendo la limitada experiencia en el manejo de casos de violencia sexual y de género contra niños, niñas y adolescentes, la escasez de fiscales en todo el país y la disponibilidad limitada de peritos como psicólogos, médicos e intérpretes de lenguaje de señas. Los retrasos significativos en los procedimientos judiciales a menudo hacen que las personas sobrevivientes esperen años para que se resuelvan sus casos.
Estas preocupaciones se ven agravadas por los efectos de una sentencia de la Corte Constitucional emitida en 2021 que determinó que la destitución de un docente por acoso sexual a una alumna era desproporcionada en relación con su delito. Tras la sentencia, los tribunales han readmitido al menos a 23 docentes a los que el Ministerio de Educación había declarado responsables de violencia sexual.
El Estado ecuatoriano debería financiar adecuadamente sus esfuerzos de prevención y garantizar que las instituciones puedan contratar y cubrir las carencias de personal educativo y fiscal esencial, señaló Human Rights Watch. Además, el Estado debe asegurar que las instituciones judiciales investiguen y procesen efectivamente todos los casos de violencia sexual en el ámbito educativo.
“El Estado ecuatoriano debería reafirmar su compromiso de abordar firmemente la violencia sexual en las escuelas”, señaló La Puente. “Para erradicar efectivamente la violencia sexual en las escuelas, Ecuador debe poner fin a la impunidad y a los comportamientos cómplices que someten a miles de niñas, niños, y adolescentes a abusos y socavan su derecho a estar seguros en la escuela”.
