Este informe fue escrito por una organización asociada, la Coalición Global para Proteger la Educación de Ataques, y es distribuido por Human Rights Watch.
(Nueva York) – En 2022 y 2023 se produjeron alrededor de 6.000 ataques a la educación, lo que representa un aumento de casi el 20 % en comparación con los dos años precedentes, señaló hoy la Coalición Global para Proteger la Educación de Ataques (Global Coalition to Protect Education from Attack, GCPEA) en su nuevo informe Ataques a la Educación 2024. Más de 10.000 estudiantes, docentes y académicos resultaron dañados o heridos o perdieron la vida en estos ataques, que se produjeron en conflictos armados en todo el mundo.
Los investigadores de GCPEA registraron el mayor número de ataques a la educación en Palestina, Ucrania y la República Democrática del Congo (RDC) en los últimos dos años. En cada uno de estos países, cientos de escuelas fueron amenazadas, saqueadas, quemadas, atacadas con artefactos explosivos improvisados o alcanzadas por proyectiles o ataques aéreos. Los ataques aumentaron en Palestina, Sudán, Siria y Ucrania, pero GCPEA observó tendencias descendentes en la República Centroafricana, Libia, Malí y Mozambique.
“En lugares como Gaza, además de la pérdida trágica de vidas, la educación en sí misma está siendo atacada”, explicó Lisa Chung Bender, directora ejecutiva de GCPEA. “Se han cerrado sistemas escolares y universitarios, que en algunos casos quedaron completamente destruidos. Esto tendrá consecuencias a largo plazo para la recuperación social y económica, ya que se ha convertido en blanco de ataques la infraestructura misma que se necesita para que haya paz y estabilidad”.
Además de muertes y lesiones, los ataques a la educación dañaron o destruyeron cientos de establecimientos educativos, y provocaron su cierre temporal o permanente y la pérdida de semanas o meses de aprendizaje. Algunos estudiantes también sufrieron daños psicológicos debido a los ataques o temían regresar a la escuela, concluyó la coalición. Niñas y estudiantes con discapacidad se vieron afectados especialmente por los ataques a la educación, y ambos grupos también encontraron mayores dificultades para reanudar el aprendizaje después de los ataques.
Los investigadores registraron más de 475 ataques contra escuelas en Palestina durante 2023, muchos de ellos ejecutados como ofensivas aéreas y terrestres con armas explosivas. Los ataques alcanzaron su punto máximo tras intensificarse las hostilidades en octubre, cuando combatientes dirigidos por Hamás perpetraron un ataque a gran escala dentro de Israel, y las fuerzas armadas israelíes implementaron una ofensiva militar enérgica en la Franja de Gaza. Los ataques continuaron durante 2024; en Gaza, para el mes de abril, todas las universidades y más del 80 % de las escuelas habían sido dañadas o destruidas, según datos del Grupo Temático sobre Educación del Territorio Palestino Ocupado.
Las armas explosivas, que se utilizaron en cerca de un tercio de todos los ataques a la educación informados mundialmente en 2022 y 2023, tuvieron efectos especialmente devastadores e hirieron o mataron a un número elevadísimo de estudiantes y educadores, y provocaron daños en miles de escuelas y universidades. En tan solo un ejemplo de esto, los fragmentos generados por el ataque contra una residencia para mujeres perpetrado en junio de 2023 en la Universidad El Geneina en Darfur Occidental, en Sudán, causaron que una mujer perdiera la vista en un ojo.
Los ataques a la educación involucran a fuerzas armadas y grupos armados no estatales que atacan con explosivos o incendian escuelas y universidades y que matan, hieren, violan, secuestran, arrestan arbitrariamente y reclutan a estudiantes y educadores en las instituciones educativas o cerca de ellas en períodos de conflicto armado. En algunos casos, se ataca a escuelas de niñas y a las alumnas niñas con la intención de impedir que las niñas aprendan y participen en la educación. En otros casos, escuelas, estudiantes y educadores sufren violencia indiscriminada o son atacados deliberadamente por razones políticas, militares, ideológicas o de otra índole.
Fuerzas armadas y grupos armados no estatales también ocupan escuelas y universidades, por ejemplo, para utilizarlas como cuarteles, centros de detención o puestos de tiro, y ponen así en peligro a estudiantes y violan su derecho a la educación. El uso militar de escuelas hace que las instalaciones educativas corran un mayor riesgo de ataques por parte de fuerzas o grupos enfrentados.
Estudiantes, docentes y personal educativo siguen siendo blanco de ataques. En Nigeria, siguieron produciéndose secuestros de estudiantes y docentes durante el período analizado por el informe, si bien los índices de tales ataques disminuyeron en comparación con años anteriores. A su vez, numerosos estudiantes y educadores fueron amenazados, secuestrados, heridos o asesinados en Palestina, Camerún e Irak durante 2022 y 2023.
Las partes en conflictos armados también actuaron contra escuelas con el fin de reclutar a niños y niñas en la RDC, Somalia, Siria y Yemen. En Colombia, al menos 25 estudiantes fueron reclutados en escuelas o en el trayecto de rutas escolares durante 2022 y 2023, muchos de ellos estudiantes de comunidades indígenas. Miembros de las fuerzas armadas, las fuerzas de seguridad o grupos armados también serían responsables de hechos de violencia sexual cometidos en el trayecto hacia y desde escuelas y universidades en al menos ocho países, incluidos Camerún, Níger y Sudán del Sur.
Los ataques contra escuelas representaron más de la mitad de todos los ataques contra la educación e instancias de uso militar que identificó la coalición. Ucrania y Palestina fueron los países más afectados: en Ucrania hubo cerca de 700 ataques contra escuelas y en Palestina al menos 640 en los años 2022 y 2023, seguidos por la RDC, Burkina Faso y Yemen. Después de la invasión a gran escala de Ucrania por parte de Rusia en febrero de 2022, los ataques aéreos, los bombardeos y los ataques con drones dañaron escuelas, incluidas aquellas destinadas a estudiantes ciegos, y el este y el sur de Ucrania fueron las regiones más afectadas.
El uso militar de escuelas y universidades por fuerzas armadas y grupos armados no estatales aumentó de manera significativa en 2022 y 2023. La coalición identificó más de 1.000 señalamientos de escuelas o universidades ocupadas en 30 países, lo que representa un incremento tanto del número de incidentes como de contextos afectados. En comparación con Ataques a la Educación 2022, que incluyó alrededor de 570 casos de este tipo, se informó sobre aumentos en Afganistán, Colombia, Nigeria, Sudán y otros lugares.
También edificios de universidades, estudiantes y académicos fueron alcanzados por ataques durante los últimos dos años, y hubo más de 360 incidentes informados. Una cuarta parte de los ataques informados se produjeron contra establecimientos universitarios, mientras que el resto se dirigió a estudiantes y personal. Más de 760 estudiantes y trabajadores de instituciones universitarias resultaron heridos, fueron secuestrados o murieron, y más de 1.700 fueron aprehendidos o detenidos.
En sus investigaciones, GCPEA también identificó nexos preliminares entre el cambio climático y ataques a la educación. Por ejemplo, en Burkina Faso y Malí, donde hay interrelaciones complejas entre la desertificación, la degradación del suelo y los conflictos, los grupos armados han atacado cafeterías y comedores escolares con el objeto de saquear alimentos.
Al mes de mayo de 2024, 120 países habían adherido a la Declaración sobre Escuelas Seguras, un compromiso político intergubernamental para proteger la educación durante períodos de conflicto armado. Al sumarse a la Declaración, los países se comprometen a tomar medidas concretas para proteger la educación, lo que incluye respetar el derecho internacional humanitario y de los derechos humanos y emplear las Directrices para Prevenir el Uso Militar de Escuelas y Universidades durante Conflictos Armados. En consonancia con la Declaración, los gobiernos y sus socios han incorporado mejoras tangibles en la legislación y las prácticas, como la emisión de órdenes militares para impedir que las fuerzas armadas utilicen las escuelas con fines militares.
“En promedio, se registraron ocho ataques diarios a la educación en los últimos dos años, y esto implica que un número alarmante de estudiantes no pudieron cumplir sus sueños de aprender o adquirir las habilidades que promete una educación”, manifestó Jerome Marston, investigador sénior de GCPEA. “Las escuelas deben ser espacios seguros, no blancos de ataques, y por ello todos los gobiernos deberían respaldar la Declaración sobre Escuelas Seguras”.
